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23 de julio de 2019





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Banco francés enfrenta demanda en EE.UU debido a aplicación de Ley Helms-Burton contra Cuba
La Helms-Burton, aprobada por el Congreso federal en 1996, codifica el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington hace casi 60 años contra la nación antillana.
AVN

Cortesía

Societe Generale enfrenta juicio / Cortesía

11 Jul, 2019 | El banco francés Société Générale S.A. (SocGen) enfrenta este jueves una demanda en Estados Unidos bajo el Título III de la Ley Helms-Burton contra Cuba, activado como parte de las crecientes agresiones de Washington hacia la isla.

De acuerdo con el sitio de noticias legales Law360, herederos de un banco que fue nacionalizado por el Gobierno del país caribeño en 1960, dijeron este miércoles en una corte federal de Miami, Florida, que la entidad francesa ignoró el bloqueo norteamericano contra Cuba, para recrudecer la injerencia contra la isla, reseña Prensa Latina.

La queja, presentada por 14 nietos de Carlos y Pura Núñez, quienes una vez fueron dueños de Banco Núñez, alega que SocGen violó el Título III al presuntamente "traficar" con propiedad nacionalizada cuando realizó negocios con el Banco Nacional de Cuba (BNC), indicó el portal.

El titulo III de la normativa, permite a nacionales estadounidenses demandar a quienes "trafiquen con propiedades norteamericanas" en Cuba.

En tanto, los reclamantes exigen al banco francés un pago de aproximadamente 792 millones de dólares, con el argumento de que generó cientos de millones de dólares en honorarios al prestar dinero y procesar transacciones para el BNC desde 2000 hasta 2010, señala una agencia internacional de noticias.

Los abogados de los demandantes, de la firma Kozyak Tropin & Throckmorton, basaron esa elevada suma en el valor de 7,8 millones que, según afirman, tenía el Banco Nuñez, y en un 6% de interés anual, así como en el texto de la Helms-Burton, que permite presentar reclamaciones por el triple del valor de la propiedad nacionalizada.

En noviembre pasado, el banco francés acordó pagar mil 340 millones de dólares a varias entidades estadounidenses por la presunta violación de sanciones impuestas por el Gobierno norteamericano contra Cuba, Irán, Sudán y Libia.

A través de tal mecanismo se puede promover una acción en las cortes estadounidenses contra personas y entidades, incluso de terceros países, que inviertan en el territorio cubano en propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución.




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